El 5 de mayo de 2023, cuando la OMS declaró el término de la emergencia por Covid-19, el 70% de la población mundial (30% en países de bajos ingresos) había recibido al menos una dosis de vacuna, reportándose siete millones de muertes a nivel global.

Décadas de inversión pública en investigación y formación de recursos humanos avanzados generaron el conocimiento necesario para las vacunas anti Covid-19. El apoyo económico de emergencia de algunos gobiernos (USA, UK, Alemania, China) a la industria farmacéutica, así como el desarrollo colaborativo público-privado de ensayos clínicos, lograron el más rápido traspaso de conocimientos para la generación de varias vacunas demostradamente eficaces y seguras. Y la infraestructura y agilidad de la empresa privada facilitó la aplicación masiva de este producto en los países que pudieron adquirirlos, logrando bajar rápidamente la tasa de hospitalización y muerte en su población.

Lamentablemente, los derechos de propiedad intelectual, que la gran mayoría de los países del mundo firmamos al hacernos parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), permitieron que la industria farmacéutica pusiera las condiciones de precios y decidiera la distribución de las vacunas. Y las “flexibilidades” que considera la OMC no funcionaron, impidiendo, por ejemplo, que algunas compañías de biotecnología de Canadá produjeran vacunas para Bolivia o que se produjeran en laboratorios validados por la OMS en India y Sudáfrica. En este período primó la codicia sobre la solidaridad, determinando la mantención del sufrimiento y de la emergencia por más de tres años. Ni los Estados ni la OMS lograron hacer valer la inversión pública sin la cual las industrias farmacéuticas no habrían podido producir las vacunas que hoy les generan ganancias billonarias.

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